Dicha interpretación es de gran importancia para el derecho internacional en typical, y para la extradición en particular, ya que coadyuva a la uniformidad de las normas que regulan la extradición, las cuales, en esencia son de origen internacional y convencional.

La falta de tratados de extradición puede dificultar la lucha contra la delincuencia transnacional, ya que los delincuentes pueden huir a países que no tienen tratados de extradición con los países que los buscan.

Lo anterior suele ser un obstáculo para notar el trabajo profesional de aquellos servidores públicos que honran y respetan sus funciones para el sistema y para la sociedad, así como el esfuerzo de diferentes organizaciones que, mediante el trabajo conjunto con las autoridades, tratan de fortalecer las instituciones públicas.

La falta de tratado de extradición dificulta la entrega de los delincuentes a la justicia, ya que no existe un marco authorized que permita su entrega a otro país para ser juzgados o castigados.

La extradición en México es el procedimiento mediante el cual un país solicita a México la entrega de una persona que se encuentra en territorio mexicano para ser juzgada o cumplir una condena en el país solicitante.

Al last, para poder realizar extradiciones, las leyes deben proteger tanto a la sociedad afectada como a los criminales, garantizando el estricto respeto a los derechos humanos de todos los intervinientes. La extradición de integrantes de grupos de la delincuencia organizada de México hacia Estados Unidos se ha constituido como el mecanismo administrativo – legal y político- que ha facilitado la colaboración entre ambas naciones para tratar de construir las condiciones necesarias de seguridad.

Por otro lado, analiza la forma en que México ha asimilado en su derecho interno dicho mecanismo de cooperación y las contribuciones mexicanas al desarrollo, consolidación y creación de normas uniformes de extradición en el ámbito regional latinoamericano. A lo largo de toda la obra, la autora se vale del derecho comparado para estudiar y confrontar las diferentes tradiciones jurídicas en materia de extradición imperantes en los países latinoamericanos y España, con el objetivo de rescatar todas aquellas similitudes que puedan coadyuvar a la creación de las ya mencionadas normas uniformes.

* Al meditar sobre estos criterios recordé que hace algún tiempo, en ocasión del proceso de extradición del presunto prison argentino Ricardo Miguel Cavallo, requerido a México por el gobierno de España, el señor ex ministro de la SCJN, Juventino Castro y Castro declaró que tal petición se obsequiaba en virtud del "principio de la jurisdicción common", lo cual causó desconcierto en los medios especializados pues, como bien sabemos, tal principio es un derecho de los Estados a detener, juzgar o entregar para su enjuiciamiento a un presunto responsable de un crimen internacional grave y pernicioso independientemente del lugar en que hubiera sido cometido, la nacionalidad de la víctima o del propio infractor; en tanto que, la extradición, que es lo que en el caso Cavallo estaba en proceso, descansa en el principio aut dedere aut judicare, que es un deber u obligación que tiene un Estado para extraditar a un sujeto requerido por otro Estado para su juzgamiento o castigo y con el cual, preferentemente, existe un tratado de extradición.

Las Procuradurías Generales de Justicia have a peek at this web-site y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.

En los años ochenta el narcotráfico fue usado por la CIA para financiar a la Contra Nicaragüense y hasta Cuba se involucró en el tráfico. Fidel Castro terminó culpando y fusilando a otros para limpiarse. Pero el crimen organizado es ahora una amenaza grave para todo el continente y en Latinoamérica predominan gobiernos de izquierda que desconfían de Estados Unidos.

Cuando se produjo el arresto e Bouyakhrichan en Marbella, el pasado 9 de enero, el Ministerio del Inside destacó que se trataba del “delincuente más buscado y peligroso de Países Bajos”. De hecho, la justicia holandesa lo acusa de ser uno de los supuestos cabecillas de un clan de la Mocro Maffia, una estructura felony cuyos integrantes son principalmente de origen magrebí que se asienta en Países Bajos y donde ha llegado a desafiar al estado con amenazas a la princesa Amalia de Orange ―que tuvo que residir un año en España por motivos de seguridad― y el primer ministro Mark Rutte.

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Fue entonces cuando acabó arrestado. Otras seis personas fueron detenidas en aquella operación por su presunta implicación en el blanqueo en la Costa del Sol de 6 millones de euros procedentes del narcotráfico. Interior telló de que se habían bloqueado 172 propiedades, entre ellas varias mansiones en Marbella, valoradas en más de fifty millones de euros; y se habían embargado 178 cuentas bancarias con tres millones de euros en saldo. La relación del cabecilla mafioso con España venía de antiguo. Su hermano Samir había sido asesinado a tiros a la salida de un pub de Benahavís (Málaga) en agosto de 2014 en un supuesto ajuste de cuentas con otro clan rival de la Mocro Maffia, este encabezado por Ridouan Taghi.

El procedimiento de extradición puede ser navigate here largo y complejo, ya que se deben cumplir con todos los requisitos establecidos por la ley. Además, la persona acusada tiene derecho a defenderse y a impugnar la solicitud de extradición.